El ocaso de los “cowboys” y el comienzo del siglo XXI.
EL HISTÓRICO 2 DE NOVIEMBRE, en La María, Piendamó, Colombia, después de la violenta arremetida en contra del movimiento indígena por cuenta del gobierno Uribe, cuyo saldo dejó un muerto, más de cien heridos, varias familias desplazadas y considerables destrozos, con ese habitual tono autoritario de terrateniente como si se tratase, no de una República soberna sino de su propia finca –Uribe– en una irresponsable declaración con el más vergonzoso “cowboy style”, trató a José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch para las Américas, de defensor y cómplice de las FARC:
“Porque es que a mi no me va a enseñar el señor Vivanco derechos humanos. Antes de que el señor Vivanco –defensor de la FARC–, antes de que el señor Vivanco –cómplice de la FARC–, viniera aquí a criticar la política de seguridad democrática, nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por sacar este país adelante.”
A. Uribe – Noticias UNO,
http://www.noticiasuno.com/emisiones/domingo.htmlGrave declaración que lo podría colocar en el banco de acusados por difamación contra el director de una importante organización cuya sede principal está en el mismo país donde, hasta hace poco, buscaba histéricamente arrancar un TLC contra viento y marea.
Según Noticias UNO, Uribe desconoce que Human Rights Watch ha condenado repetidamente a las FARC, tan sólo este año en más de 30 ocasiones, y a través de más de 600 artículos donde denuncia la violación de los derechos humanos por parte de esa organización.
Según José Miguel Vivanco, en materia de derechos humanos en Colombia se “superan los abusos a la dictadura de Pinochet”. Agregó que “las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Colombia en un año equivalen a todas las realizadas en la dictadura chilena de Augusto Pinochet”. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, afirma que durante los 17 años de la dictadura de Pinochet murieron dos mil 115 personas, como producto de violaciones a los derechos humanos, y 164 debido a la violencia política.
El negro balance general de la violación de los derechos humanos, socioeconómicos y ambientales en Colombia, es propio de la más cruenta dictadura disfrazada de democracia:
· Según diferentes organizaciones de derechos humanos, el 75% de los casos de violación de los derechos humanos recae en la estrategia militar-paramilitar del Estado, mientras que el 25% restante es responsabilidad de las guerrillas.
· Esta violenta estrategia de contrarreforma agraria por el control del territorio y los recursos naturales, ha provocado el desplazamiento forzado de la población civil sin precedentes en la historia de Colombia, evaluado hoy día en cerca de 4 millones de personas. Se trata de uno de los problemas más graves del país que revela el carácter estructural del conflicto.
· El Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), así como el Sindicato nacional de trabajadores de INCODER (SINTRAINCODER) estiman que durante los últimos 20 años se han expropiado entre 5 y 6,8 millones de hectáreas de tierra, equivalente a cerca del 48% de las tierras cultivables del país.
· Durante este mismo periodo, la concentración de la tierra ha aumentado considerable y violentamente. Mientras, recientemente, Uribe señalaba que “en manos de las comunidades indígenas (2,2 por ciento de la población) se encuentra el 27 por ciento del territorio nacional”, olvidó comentar que 5000 familias riquísimas –entre ellas la suya– es decir l 0.001% de la población, poseen el 50% de las tierras cultivables del país.
· En este escenario de profunda injustita económica, cerca del 65% de la población del país vive en condiciones de pobreza y de extrema pobreza.
· Decenas de miles de personas son asesinadas anualmente, entre ellas líderes sociales y comunitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes…
· Más de 15.000 desapariciones forzadas, más de 2500 sindicalistas asesinados. El 64% de los sindicalistas asesinados en el mundo en los últimos 10 años, han sido asesinados en Colombia.
· Centenares de crímenes atroces de “falsos positivos” actualmente en investigación, engendrados por la aberrante política de “seguridad democrática” de Uribe. En su lógica armamentista, ofrecer 3.8 millones de pesos por cada ciudadano eliminado no es otra cosa que autorizar y fomentar el asesinato de inocentes. Abre paso así a la demencia de las armas y rechaza de plano la justicia. Esta política ha fomentado las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y fuera de combate, y los falsos positivos, negando el Estado de derecho, privando a cada ciudadano –sea quien fuese– del derecho a un juicio imparcial.
· Como gobernador de Antioquia, Uribe fue además promotor de la semilla del terror paramilitar con la creación de “Las Convivir”. Según la ex alcaldesa de Apartadó, en un “documento firmado por el gobernador Álvaro Uribe Vélez, Resolución No.42360 de noviembre de 1996”, Uribe reconoce la Personería Jurídica a esta organización, que recibió los recursos de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands para montar la estructura que desencadenó la eliminación sistemática de las personas en la región del Urabá antioqueño.
· Según Luis Eduardo Saavedra
[1], actualmente se encuentran en prisión 28 miembros del Congreso y otros 48 son objeto de una investigación judicial, es decir un total de 76 parlamentarios de los 268 que hacen parte de las dos cámaras. De los 10 partidos políticos en el Congreso, ocho se encuentran infiltrados por la parapolítica y, de ellos, siete son “uribistas”.
· Para colmo de las aberraciones, “Uribe propuso formalmente, públicamente, excarcelar a todos estos parapolíticos y terminar con estas investigaciones”, afirmó Vivanco recientemente en una entrevista.
El mismo informe de HRW señala que, a pesar de que “las instituciones de justicia de Colombia han logrado avances históricos contra el poder paramilitar”, (…) “lamentablemente (…) algunas acciones del gobierno amenazan con frustrar las investigaciones que tienen más posibilidades de generar cambios.
Bastante tendrá que aprender –por cierto– el señor Uribe, no sólo del más elemental respeto y diplomacia, sino efectivamente en materia de respeto de los derechos humanos, desde el derecho a la libertad de expresión, la libertad del ejercicio de la oposición política, la disidencia y el derecho fundamental a la vida, hasta los derechos sociales, económicos y ambientales que se les niega a las mayorías marginales en Colombia. Los intereses que defiende en el TLC no son los intereses de las grandes mayorías. Son los intereses de los grandes capitales nacionales en connivencia con los capitales transnacionales, para continuar el saqueo de los recursos naturales del país y la explotación de los trabajadores.
Uno tras otro, escándalos cada vez más graves sumergen a este gobierno en el lodo de la mentira, la difamación, las atrocidades, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la ilegitimidad constitucional en la que se apoya, la mafia que lo mantiene… Afortunadamente Colombia no está sola. La mirada del mundo se posa en este país e instancias internacionales velan por los derechos humanos en Colombia, puesto que ni el gobierno ni el Estado son capaces de respetarlos ni garantizarlos.
¿Será posible derrotar democráticamente a un gobierno perverso, ahora cuando la democracia estadounidense acaba de sacar de la Casa Blanca a su patrón conservador para darle el triunfo histórico a un gran hombre que representa los intereses de las mayorías descendientes de los esclavos africanos?
“Yes we can”! De Kogelo, en Kenia, a José de Apartadó, en Colombia, ¡celebremos la resistencia y la esperanza!
Jorge Parra
